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Álvaro Perea González, Paloma Santiago Antuña, Alfonso Codes Calatrava, J. Miguel Formoso Sobrado, Diego Gómez Fernández
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está dando lugar a una actuación urgente e incisiva de los poderes públicos en la esfera de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. La colisión de derechos tales como la libre circulación o la integridad física obliga a una ponderación difícil en la que es preciso valorar qué medidas restrictivas pueden acordarse, bajo qué cobertura jurídica y durante cuánto tiempo. Sin embargo, el inadaptado ordenamiento de emergencia previo al coronavirus impide una reacción eficaz en la intervención administrativa frente a la pandemia; aspecto puesto de relieve por quienes en último término han de controlar la legalidad de las decisiones sanitarias: nuestros Juzgados y Tribunales.
