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Gonzalo M. Gaibor Gallardo
La aprobación de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) en el año 2008 marcó un giro transcendental en el paradigma del derecho constitucional ecuatoriano. A partir de este momento, y a la luz del nuevo estado de derechos y justicia social consagrado en la Constitución, se concibe por primera vez a la Corte Constitucional (CC) como un organismo especializado e independiente de las demás funciones del Estado. Es preciso dejar sentado que durante el siglo XX también se instituyeron Tribunales Constitucionales, sin embargo, la estructura y atribuciones de estos no eran precisamente los de un organismo de jurisdicción constitucional que ejerce su acción de forma plena. Así, en la Constitución de 1945 se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) como un órgano de control constitucional, dependiente de los demás poderes del Estado, con escasas competencias para realizar el control sobre la ley. En el presente artículo se realizará un breve análisis de la evolución de la jurisdicción constitucional en el Ecuador. A partir de la Constitución de 2008, la forma de concebir la organización del Estado en el Ecuador tiene un impacto directo sobre el control judicial de constitucionalidad, dado que todos los jueces ocupan un sitio estelar como custodios de los derechos de quienes acuden ante la administración judicial. Así sucede, al menos, en el plano formal, pues en la práctica jurisdiccional existe una brecha marcada entre el diseño formal y la materialización del estado de derechos. No obstante, la declaración de inconstitucionalidad de la ley es una competencia exclusiva de la Corte Constitucional. Los jueces de los distintos tribunales se limitan a realizar un trabajo colaborativo con el órgano encargado de la jurisdicción constitucional. Dicho esto, se ha proscrito de manera tajante la posibilidad de que los jueces ordinarios declaren la inconstitucionalidad de cualquier norma jurídica.
Recibido: 20.11.2020Aceptado: 21.12.2020
The approval of the Constitution of the Republic of Ecuador (CRE) in 2008 marked a major shift in the paradigm of Ecuadorian constitutional law. From that moment on, and in light of the new state of rights and social justice enshrined in the Constitution, the Constitutional Court (CC) was conceived for the first time as a specialized body independent from the other functions of the State. It should be noted that during the twentieth century Constitutional Courts were also instituted, but their structure and powers were not precisely those of a body with constitutional jurisdiction that fully exercises its action. Thus, the 1945 Constitution created the Court of Constitutional Guarantees (TGC) as a body of constitutional control, dependent on the other powers of the State, with little competence to carry out control over the law. In this article, a brief analysis will be made of the evolution of constitutional jurisdiction in Ecuador. Since the 2008 Constitution, the way in which the State is organized in Ecuador has a direct impact on judicial control of constitutionality, given that all judges occupy a stellar position as guardians of the rights of those who come before the judicial administration. This is the case, at least formally, since in jurisdictional practice there is a marked gap between the formal design and the materialization of the rule of law. Nevertheless, the declaration of unconstitutionality of the law is an exclusive competence of the Constitutional Court. The judges of the various courts limit themselves to collaborative work with the organ in charge of constitutional jurisdiction. That said, the possibility of ordinary judges declaring the unconstitutionality of any legal norm has been strictly outlawed.
Received: 20.11.2020Accepted: 21.12.2020
