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Murcia, España
En este trabajo se realiza un análisis abiertamente crítico de la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, el Régimen Electoral General, para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad, y en virtud de la cual se ha suprimido la previsión de evaluación de la capacidad para ejercer el sufragio de las personas objeto de un proceso de modificación de capacidad o de internamiento psiquiátrico, además de dejar sin efecto las resoluciones judiciales vigentes de incapacidad electoral e introducir una declaración general sobre el ejercicio del sufragio. La crítica a la Ley de reforma se estructura en torno a tres argumentos: primero, la falacia de la incompatibilidad de la previsión derogada con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y la Constitución; segundo, la injusta desconsideración, por el contrario, del papel que esta norma cumplía en el sistema jurídico en términos de derechos y bienes constitucionales; y, tercero, la forma inadecuada en que se han articulado las disposiciones complementarias, con los negativos efectos jurídicos que ello conlleva.
This paper includes an openly critical analysis of Organic Law 2/2018, of 5 December, amending Organic Law 5/1985, of 19 June, on the general electoral regime, in order to guarantee the right to vote of all persons with disabilities, and by which the provision for assessment of the capacity to vote of persons undergoing capacity modification or psychiatric detention has been abolished, in addition to repealing existing court decisions on electoral incapacity and introducing a general declaration on the exercise of suffrage. The critique of the Reform Act is structured around three arguments: first, the fallacy of the incompatibility of the derogated provision with the 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Constitution; second, the unjust disregard, on the contrary, the role that this rule played in the legal system in terms of constitutional rights and property; and, thirdly, the inadequate way in which the complementary provisions have been articulated, with the negative legal effects that this entails.
