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Tras más de quince años de funcionamiento, es una figura jurídica reconocida (aunque con más excepciones de las deseables) y consolidada dentro de nuestro panorama jurídico. Así, el Secretario Coordinador Provincial constituye un órgano superior bajo la dependencia directa del Secretario de Gobierno, con un ámbito competencial que se circunscribe a la provincia (con excepciones en las islas). Sin embargo, a pesar de lo logrado, no cabe desconocer que la Administración de Justicia, es una organización en continuo cambio, líquida, sometida a constantes reformas y a la aplicación de nuevas tecnologías que han de ser conocidas y aplicadas sin demora. Y ahora que no hay dudas del necesario despliegue de la Oficina judicial nos hemos de plantear un reestudio de sus cometidos como centro neurálgico de información y actuación. En este sentido, el apoyo del Ministerio de Justicia y Secretarios de Gobierno, y el desarrollo de las nuevas leyes procesales determinará que muchos de sus cometidos indirectamente puedan quedar huérfanos de contenido, o por el contrario, dotar a esta figura de la potencialidad necesaria que le permita liderar a todo el equipo de funcionarios y profesionales y contribuir en la medida de lo posible a prestar un servicio público acorde con lo que demanda una sociedad moderna y dinámica.
