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La importante sentencia dictada el día 1 de octubre de 2020, por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en relación con las autorizaciones de entrada en domicilio solicitadas por la Administración Tributaria, sienta doctrina en la materia, plantea la duda de si la regulación procesal satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y pone en entredicho tanto la actuación de la Administración Tributaria al solicitar la entrada como la de los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo que la concedieron.
