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La STS 590/2020 de 14 octubre aborda de nuevo una cuestión que, de modo intermitente, aparece en la jurisprudencia sobre la administración desleal en los últimos años: la disyuntiva entre la unidad de acción y el delito continuado. Tanto sus presupuestos —especialmente por la controvertida unidad natural de acción— como sus consecuencias exigen la elaboración de criterios a partir del tipo penal y, por tanto, sobre la configuración normativa de los deberes del administrador.
