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Uruguay
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de enero de 2020 (Caso IGI) constituye un pronunciamiento de importancia para el análisis de la interacción entre el régimen jurídico específico de protección de acreedores de las modificaciones estructurales traslativas y otras acciones de tutela del crédito previstas con carácter general por los Derechos nacionales. Específicamente, se analiza la viabilidad bajo los parámetros de la Sexta Directiva –consolidada en la Directiva (UE) 2017/1132– de ejercitar frente a una escisión parcial inscrita una acción pauliana (“azione revocatoria”, regulada en el artículo 2901 del Código Civil italiano). En base a las cuestiones concretas que le fueron planteadas, el TJUE sostiene que el régimen de protección de acreedores previsto en el artículo 12 de la Sexta Directiva es un régimen de mínimos que no excluye la posibilidad de que los estados miembros pongan otras herramientas de tutela a disposición de los acreedores. Asimismo, en lo que quizá constituye la parte más relevante de la Sentencia, el Tribunal concluye que a los efectos del régimen de impugnación previsto en el artículo 19 de la Sexta Directiva corresponde distinguir las acciones de nulidad de otras que pretenden una ineficacia relativa o la inoponibilidad de la operación y que, por esta razón, no estarían alcanzadas por las limitaciones allí establecidas.
The Judgment of the Court of Justice of the European Union of January 30, 2020 (IGI Case) provides a key analysis of the interaction between the specific regulation of companies´ structural changes with other credit protection devices that are established in the Law of the Member States. Specifically, the Court analyzes the feasibility under the Sixth EU Directive on Company Law of challenging the effects of a partial division by means of a Paulian action (“azione revocatoria” under article 2901 of the Italian Civil Code). Based on the specific question posed by an Italian national court of appeals, the judgment sustains that the creditor protection´s system envisaged by article 12 of the Sixth Directive is a de minimis regime which does not exclude the chance for the Member States to grant creditors with other protection tools. Likewise, in what may constitute the most relevant portion of the Judgment, the Court concludes that for the purposes of Article 19 of the Sixth Directive, actions for annulment shall be distinguished from other actions that just seek to partially bar the effects of the transaction for this reason do not fall under the scope of the restrictive provision established therein.
