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El anuncio de la presentación de un Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se atribuye la dirección de la investigación oficial al Ministerio Fiscal ha de propiciar un profundo debate sobre la reforma de esta institución, centrado en el refuerzo de su autonomía. En el presente trabajo se ponen de manifiesto algunas líneas maestras que pueden contribuir a reforzar la confianza social en el Ministerio Fiscal, permitiendo el despliegue de un sistema de justicia criminal más garantista y efectivo.
