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El Código Penal regula la nueva libertad condicional como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. Ello supone un cambio profundo en la definición de esta institución respecto a la legislación anterior, que concebía la libertad condicional como el cuarto grado de la pena, y tiene importantes consecuencias que afectan al cumplimiento de las condenas de las personas privadas de libertad. En consonancia con este novedoso marco jurídico se ha generado una numerosa casuística en la aplicación de la libertad condicional que ha obligado durante los últimos años a establecer criterios prácticos que solucionen los diferentes problemas planteados durante su desarrollo.
