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El presente trabajo analiza el cambio que ha supuesto la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en las relaciones entre las Administraciones Públicas y de éstas con los sujetos de derecho privado. En concreto, se estudian los instrumentos jurídicos que existen para articular las mismas —fundamentalmente, los convenios— y su tramitación, más o menos compleja, según el tipo de acuerdo que abordemos. En nuestro contexto nacional, donde las competencias se encuentran ampliamente descentralizadas y las funciones de diferentes administraciones se superponen, es fundamental que se pueda dar una respuesta ágil a las necesidades de colaboración pública y pública-privada que habitualmente surgen.
