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La protección del ahorro es un pilar fundamental dentro del régimen económico constitucional peruano, y a nivel legal, la Ley N° 26702, ha establecido un conjunto de reglas obligatorias aplicables a todas las entidades financieras supervisadas y reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, autorizadas a recibir depósitos del público, con la finalidad de dar cumplimiento a ese mandato constitucional. El presente artículo tiene como objetivo presentar algunos mecanismos para reducir los riesgos para los ahorristas, vinculados a la implementación de límites operativos globales e individuales, prohibiciones, etc., debido a un caso de posible financiamiento a un partido político peruano; lo que en principio no estaría permitido por la normatividad bancaria nacional.
