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La protección a la víctima del delito ha sido una preocupación constante en los últimos años, no solo en el plano doméstico, sino también en el ámbito del derecho internacional. En la Unión Europea y concretamente en el marco del proceso penal, también se ha sentido esa preocupación por la víctima y dentro de esta, por la víctima más vulnerable. Sin embargo, la preocupación por tales víctimas no ha tenido siempre la misma intensidad, lo que se evidencia en los diferentes instrumentos jurídicos en los que esta protección se ha plasmado. Si en una primera fase, tras el Tratado de Amsterdam, la normativa de la Unión Europea fue bastante parca en cuanto al reconocimiento de derechos de estas víctimas, tras el Tratado de Lisboa hemos asistido a un refuerzo considerable de la protección de las mismas, a las que se ha pasado a denominar victimas con necesidades especiales de protección. Junto a ellas, también la víctima menor ha sido objeto, en los últimos años, de un tratamiento más amplio coincidiendo con la introducción de la protección de los derechos del niño como uno de los nuevos objetivos del tratado
