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La deficiente regulación de las intervenciones telefónicas que se extendió hasta la entrada en vigor de la reforma del año 2015 permitió que se asentara la doctrina de la motivación por remisión, según la cual el auto habilitante se entendía suficientemente motivado por medio de la remisión de éste al contenido de la solicitud de la medida. La actual regulación de la materia no parece compatible con aquella doctrina al requerir un mayor esfuerzo motivador del Juez, puesto que se le exige que recoja en la resolución una serie de elementos que conlleva el análisis y exteriorización de aquellos aspectos que legitiman la medida.
