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La vigente Ley de Contratos del Sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) ha reforzado la consideración y valoración positiva del cumplimiento de determinados presupuestos cualitativos, ambientales y sociales; lo que, sin duda, supone un destacado avance en lo relativo a la integración y exigencia de dichos aspectos en el ámbito de la contratación pública.
De este modo la contratación pública se muestra hoy como útil herramienta estratégica para fomentar el cumplimiento ambiental pretendido. Ello ha sido posible gracias al impulso común desde el Derecho de la Unión Europea (vía las Directivas de última generación dictadas en esta materia). En este sentido se reflexiona en este texto sobre la oportunidad que se ofrece en este ámbito de actividad, para reforzar asimismo el Sistema administrativo de Responsabilidad Ambiental, a efectos de evaluar y prevenir eventuales riesgos ambientales, y en su defecto, garantizar la efectiva cobertura de daños.
