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Luis Miguel Hinojosa Martínez 
Durante la ola de privatizaciones que ha recorrido el continente europeo en los últimos años, los Estados se han reservado numerosos derechos especiales que limitaban el acceso a la propiedad, o determinadas decisiones de gestión, de las empresas privatizadas. Este intervencionismo estatal fue censurado por la Comisión que denunció a varios Estados miembros ante el TJCE por atentar, en su opinión, contra las libertades fundamentales del mercado interior. En una reciente jurisprudencia, que el TJCE decide encuadrar en el contexto de la libre circulación de capitales, la institución judicial establece un nuevo test de equilibrio que intenta compatibilizar el interés de los EEMM por salvaguardar la prestación de los servicios estratégicos con el derecho de los particulares a la seguridad jurídica y a la plena realización de las libertades del mercado interior. En última instancia, el autor alerta contra el peligro de que el TJCE actúe como elemento incentivador del liberalismo económico, interpretando en un sentido desregulador las disposiciones del Tratado que afectan a la legítima capacidad de intervención del Estado en la economía.
