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Salvador María Martín Valdivia 
el suelo urbano consolidado había sido definido por las leyes estatales anteriores a la de 2007 como aquél que contaba con todos los servicios urbanísticos básicos y su categorización quedaba encuadrada en el ámbito de las actuaciones regladas para el planificador. De ahí derivaban unos derechos y obligaciones específicos para sus titulares que les diferenciaban muy sensiblemente de los propietarios de suelos no consolidados y urbanizables. La legislación estatal de 2007 y sus desarrollos posteriores han ofrecido un giro de tuerca a este statu quo en la medida en que permiten, a través de los procedimientos de renovación, reforma y regeneración urbanas, descatalogar los suelos consolidados para incluirlos en áreas degradadas precisadas de nuevas operaciones urbanísticas. Ello conlleva la pérdida de la categoría del suelo consolidado, imponiendo a sus propietarios similares deberes urbanísticos que los que corresponden a suelos urbanizables o urbanos no consolidados, con las repercusiones que, a efectos de gestión urbanística, expropiaciones, valoración y actuaciones coactivas comportan e imponen a sus titulares. Tal cambio de estatus ha sido ratificado por las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 y 30 de octubre de 2018 que son objeto de este trabajo.
the consolidated urban land had been defined by the state laws prior to 2007 as the one that had all the basic urban services and its categorization was framed within the scope of the regulated actions for the urban planner. From there derived specific rights and obligations for their holders that differentiated them very sensitively from the owners of unconsolidated and land in anticipation of urban development. The state legislation of 2007 and its subsequent developments have offered a twist to this status quo insofar as they allow, through urban renovation, reform and regeneration procedures, to discontinue the consolidated soils to include them in degraded areas as needed new urban operations. This entails the loss of the category of consolidated land, imposing on its owners similar urbanistic duties that those that correspond to urbanized or unconsolidated urban land, with the repercussions that for the purposes of urban management, expropriations, valuation and coercive actions entail and impose its holders. This change in status has been ratified by the recent Supreme Court rulings of July 20, 2017 and October 30, 2018, which are the subject of this work.
