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El deber de cooperación del ciudadano exige que, antes de actuar, este se cerciore de que su conducta resultará inocua. Ello implica que tiene el deber de adquirir el conocimiento fáctico y jurídico necesario para que aquello sea posible. Sin embargo, ¿cómo puede ello coexistir con el gran número de leyes existentes en las sociedades modernas? ¿No se vería paralizada la sociedad si el ciudadano debiera conocer plenamente todas las normas jurídicas antes de actuar? ¿Cómo puede armonizarse el hecho de que no se debe cargar solamente al destinatario de la norma con el riesgo propio de los supuestos legales no claros con el constante reconocimiento, por el BGH, de la conciencia eventual de la antijuridicidad? Este trabajo se encarga de definir el alcance del deber de cooperación en supuestos legales complejos, como aquellos en los que distintos tribunales no logran sostener un criterio uniforme, aquellos en los que su interpretación varía entre el momento del hecho y el de la sentencia o los casos sobre los que los tribunales aún no se han pronunciado.
