Acceso usuarios
Patricia González León
Son numerosos los estragos ocasionados por la pandemia de la Covid-19 tanto a nivel nacional como internacional. En esta ocasión, se observarán los efectos que ha tenido sobre el acceso a la información, un derecho fundamental que, a pesar de no estar reconocido como tal en España, sí reconocen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras entidades internacionales como la OSCE y la UNESCO. En España, el decreto del estado de alarma trajo consigo muchas restricciones a derechos tan importantes como el libre tránsito, la educación y la información.
La declaración del estado de alarma supuso la suspensión de los procedimientos administrativos, incluyendo la tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y provocó graves restricciones a los medios de comunicación para obtener información. Esto desencadenó una serie de acciones por parte de la sociedad civil y periodistas que resaltaban la dificultad para obtener información sobre la pandemia, y que a su vez aportaban posibles soluciones y recomendaciones para una mejora de la transparencia en la gestión de la crisis.
Las principales demandas por parte de la sociedad civil durante el estado de alarma han sido el reconocimiento del acceso a la información como un derecho fundamental para asegurar su protección incluso en momentos de crisis, la supresión de la suspensión de plazos para las solicitudes de acceso a la información, y la transparencia en los procedimientos de contratación pública de emergencia.
The consequences of the Covid-19 pandemic have been felt both nationally and internationally. Specifically, Covid-19 has negatively impacted access to information, a fundamental right that, despite not being recognised as such in Spain, is recognised by the European Court of Human Rights and other international bodies such as the OSCE and UNESCO.
In Spain, the Royal Decree declaring a state of emergency brought with it many restrictions on important rights, such as free movement, education and information.
This led to the suspension of administrative procedures, including the processing of access to information requests, and caused serious restrictions on journalists obtaining information.
This triggered a series of actions by civil society and journalists where they highlighted the difficulty in obtaining information on the pandemic, and provided possible solutions and recommendations for improving transparency in crisis management.
The main demands by civil society during the state of emergency were: the recognition of access to information as a fundamental right to ensure its protection even in times of crisis; the removal of the suspension of deadlines for access to information requests; and transparency in emergency public procurement procedures.
