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En México, durante largo tiempo la estrategia anticorrupción ha dejado de lado a los denunciantes de actos de corrupción. Su progresiva inclusión en el marco de políticas públicas conlleva la necesidad de que el Estado cumpla con ciertas obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. De ahí que, en el presente texto, se estudian tres programas de política pública anticorrupción correspondientes al periodo 2013-2019, con el objeto de comprobar si en su diseño se contemplaron medidas de protección de denunciantes, conforme a los estándares internacionales. Nos centraremos en aquellas establecidas en el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a los cuales pertenece México, y cuyos tratados y convenios internacionales le sujetan a un marco específico de responsabilidades internacionales.
In Mexico, the anti-corruption strategy has long eluded whistleblowers. Its progressive inclusion in the framework of public policies implies the need for the State to comply with certain obligations established in international human rights law. Therefore, in this text, three anti-corruption public policy programs corresponding to the period 2013-2019 are studied, in order to verify if their design considered whistleblower protection measures, in accordance with international standards. We will focus on those established within the framework of the Universal Human Rights System and the Inter-American System of Human Rights, to which Mexico belongs, and whose international treaties and conventions subject it to a specific framework of international responsibilities.
