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La Instrucción de la Fiscalía General del Estado1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, ha supuesto un importante respaldo a la acuciante demanda social de encontrar una solución jurídica al serio problema en franca expansión de las ocupaciones ilegales de inmuebles; tratando de explorar y fomentar soluciones jurídicas que garanticen el más inmediatamente posible desalojo cautelar de los inmuebles supuestamente usurpados. Sin embargo, tal vez forzada por la predominancia de determinados posicionamientos ideológicos en el actual entorno sociopolítico, su predictible eficacia se ha visto truncada por cierta falta de ambición y altura de miras en buena parte de sus planteamientos jurídicos.
