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Pere Simón Castellano 
Hemos conocido recientemente por la prensa que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza novena del caso Tándem, más conocido a nivel mediático como caso BBVA-Villarejo, ha requerido a la consultora PwC para que aporte toda la información relacionada con un informe de forensic que la propia entidad bancaria encargó en aras de esclarecer de dónde salieron las órdenes concretas de contratar los servicios del comisario Villarejo. El asunto pone otra vez encima de la mesa la proyección y alcance del derecho de defensa y, más concretamente, del derecho a no auto inculparse de las personas jurídicas frente a los intereses legítimos de las personas físicas implicadas, en un terreno abonado para la confluencia de intereses contrapuestos. El presente artículo pretende alertar de la pervivencia en nuestro modelo de una peligrosa tendencia que sólo tenía sentido cuando las personas jurídicas no ostentaban la condición de investigadas.
