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Se analiza por el Tribunal si la Directiva 2014/24 y el principio de proporcionalidad se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual la entidad adjudicadora está obligada a excluir automáticamente a un operador económico del procedimiento de contratación cuando se constate que concurre el motivo de exclusión contemplado en el artículo 57, apartado 4, letra a), de la citada Directiva con respecto a alguno de los subcontratistas mencionados en la oferta de dicho operador económico.
