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Roberto Sierra Gabarda
El fenómeno de las ocupaciones pacíficas de viviendas en España supone un desafío a nivel económico, social y jurídico. Las dilaciones y la amplitud con la que la legislación civil permite al propietario recuperar su inmueble están provocando un tránsito de la jurisdicción penal a la civil. Un cambio que no tiene en cuenta los principios que caracterizan a cada jurisdicción y que motiva que el ejercicio de acciones en la vía judicial por parte de los propietarios dependa de criterios de eficacia y celeridad.
