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Miguel Pino Abad 
El punto de partida de nuestro estudio se ubica en la ley de 1 de enero de 1900, que incorporó en el Código penal vigente de 1870 los ataques contra la integridad de la nación española y las incitaciones a la independencia de alguna parte de ella. Esta medida estuvo dirigida contra los emergentes nacionalismos vasco y catalán. En 1905, tras el triunfo en las elecciones municipales de los separatistas en Cataluña, el Gobierno de Montero Ríos presentó un proyecto de ley para suspender las garantías constitucionales en ese territorio. Las críticas recibidas forzaron su salida y la formación de un nuevo Ejecutivo, presidido por Moret. El acuerdo de éste con Maura permitió la aprobación de la ley de 23 de marzo de 1906, que transfirió a los tribunales militares el conocimiento de las ofensas cometidas contra las fuerzas armadas o la Patria. La siguiente manifestación normativa se produjo con el decreto de 18 de septiembre de 1923, donde se ratificó la competencia de los tribunales militares sobre esta cuestión, como también se volvió a hacer en el real decreto de 17 de marzo de 1926 y de ahí pasó a los artículos 230 y 231 del Código penal de 1928. Finalmente, el decreto de 18 de mayo de 1931, promulgado el mes siguiente a la proclamación de la II República, derogó el citado de 1926 sobre represión de hechos considerados como actos de separatismo.
The starting point of our study is located in the law of January 1, 1900, which incorporated into the current Penal Code of 1870 attacks on the integrity of the Spanish nation and incitements to the independence of some part of it. This measure was directed against the emerging Basque and Catalan nationalisms. In 1905, after the victory in the municipal elections of the separatists in Catalonia, the Montero Ríos government presented a bill to suspend constitutional guarantees in that territory. The criticisms received forced his departure and the formation of a new Executive, chaired by Moret. The latter’s agreement with Maura allowed the approval of the law of March 23, 1906, which transferred knowledge of the offenses committed against the armed forces or the Fatherland to the military courts. The following normative manifestation took place with the decree of September 18, 1923, where the jurisdiction of the military courts on this matter was ratified, as was also done again in the royal decree of March 17, 1926 and from there it passed to Articles 230 and 231 of the Penal Code of 1928. Finally, the decree of May 18, 1931, promulgated the month following the proclamation of the Second Republic, repealed the aforementioned 1926 on repression of acts considered to be acts of separatism.
