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Joan Clos i Matheu
Pese a la capacidad contrastada de los Gobiernos municipales, especialmente de las grandes ciudades, la valoración de la Administración local en España sigue siendo una asignatura pendiente en términos de reconocimiento político, atribuciones competenciales y dotación financiera. Es imprescindible superar estas circunstancias y hacer una apuesta decidida y un voto de confianza claro por el mundo local para responder a las exigencias de la ciudadanía y a los retos crecientes de las ciudades.
Esta necesidad topa con un Gobierno reacio a todo tipo de descentralización. Un Gobierno que ha puesto en marcha una legislación que limita las potencialidades de los ayuntamientos (el caso de Barcelona, y concretamente las dificultades para desarrollar la carta municipal, es ilustrativo de tal situación) y que, además, desarrolla políticas restrictivas en materia de servicios y prestaciones sociales cuyas repercusiones son especialmente preocupantes en las ciudades y su grado de cohesión.
La globalización se concreta día a día en las ciudades, que deben ser concebidas como espacios de progreso, sostenibles y equitativos. Debemos ser capaces de volver al sentido colectivo de la política y al sentimiento de comunidad compartida y, en definitiva, la democracia exige una revitalización permanente. Todo ello exige voluntad real y acción efectiva para descentralizar y, por tanto, financiación y competencias bien distribuidas, bien dimensionadas y bien trasferidas.
