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M. Paloma Biglino Campos 
Amplios sectores reclaman, desde hace tiempo, reformar la Constitución para incluir nuevos derechos sociales. En estos momentos, la modificación de nuestra norma fundamental parece difícil, aunque cada vez sea más urgente asegurar el carácter social de nuestro Estado. Este artículo pretende hacer frente a esta necesidad proponiendo una visión distinta de los principios rectores de la política social y económica que aparecen proclamados en el capítulo tercero del título primero de la Constitución. Este ensayo subraya, en primer lugar, algunas inconsistencias en la visión mantenida por el Tribunal Constitucional acerca de los principios. Sugiere, en segundo lugar, una posible utilización más adecuada de ellos. En efecto, algunos de los principios no imponen cargas financieras a los poderes públicos, sino solo la protección de sectores en situación de desventaja en una relación de carácter horizontal, como ocurre con los trabajadores o consumidores. Por ello, los principios no solo deberían ser utilizados para decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes que no cumplen con estos objetivos, sino que, además, el Tribunal Constitucional debería potenciarlos a la hora de interpretar la distribución de competencias y de ponderar los derechos fundamentales que existen en nuestro ordenamiento.
Some political forces and a relevant number of constitutional law authors are requiring the reform of the Constitution in order to incorporate new social rights. At this moment, the modification of our supreme norm seems to be difficult, but the need to guarantee the social character of our state appears to be urgent. In order to ensure social right, which are inherent to human dignity, this article proposes a different vision of the principles governing economic and social policy that are enshrined in the third chapter of title one of the Constitution. Firstly, the article highlights some inconsistencies in the interpretation of these principles given by the Constitutional Court. Secondly, the article proposes that the Tribunal use the principles more adequately. In fact, some of the principles do not impose financial cost to public power, but only the protection of sectors that are in a position of disadvantage in horizontal relationships (such as workers or consumers). Consequently, the principles should be used to review the constitutionality of the laws that do not comply with this goal. Furthermore, the Constitutional Court should give more consideration to the principles when it interprets the distribution of competences and ponders the fundamental rights that exist in our constitutional systems.
