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Beatriz Gómez Fariñas
La contratación pública se ha revelado en los últimos años como una herramienta esencial para fomentar determinadas políticas públicas de carácter social. El fuerte impulso que su dimensión estratégica ha recibido a nivel legal y jurisprudencial hace que sea posible exigir a las empresas que operan en el mercado el cumplimiento de un determinado estándar en materia social en las distintas fases contractuales. El objetivo de este trabajo es analizar la inclusión de consideraciones sociales como condiciones especiales de ejecución del contrato y, en particular, dar cuenta de la posibilidad de emplear este mecanismo para garantizar el pago de un salario mínimo.
