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Virginia Bragado López, Noelia Muñoz del Nogal, Vicente Enciso de Yzaguirre 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, articula los medios para establecer y diseñar criterios de adjudicación que permitan “obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores”.
Las administraciones públicas han comenzado a adaptarse a la Ley y resulta de interés poder conocer el grado de cumplimiento.
En este sentido, analizamos el comportamiento de las condiciones de contratación de la Junta de Castilla y León mediante el análisis comparativo de una muestra aleatoria de los pliegos de contratación emitidos desde 2016 a 2018. Tomaremos como base el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y utilizaremos como referencia, el elenco de indicadores planteados por Gutiérrez Ponce, Nevado Gil y Pache Durán.
