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En la sentencia GK c. Bélgica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aborda una vez más las garantías que ofrecen los sistemas exclusivamente parlamentarios de verificación de actas y supervisión de mandatos en los que no se contempla ninguna instancia ulterior de carácter jurisdiccional. Muy pocos países europeos mantienen esta tradicional prerrogativa liberal, típica del parlamentarismo del siglo XIX. El examen de la validez de la renuncia de una senadora belga sirve de pretexto para poner el foco en las deficiencias registradas en el procedimiento parlamentario utilizado, dominado por la enorme discrecionalidad reconocida a la Cámara y la ausencia de garantías frente la arbitrariedad. La resolución de la Corte, sin innovar en exceso, permite confirmar la línea que se había iniciado con decisiones anteriores, en las que profundiza en la vertiente procesal de los derechos incluidos en el artículo 3 del Protocolo Adicional. El caso planteado en GK c. Bélgica ofrece interés al tratarse de uno de los pocos asuntos que escapan del derecho estrictamente electoral y entran de lleno en el derecho parlamentario, con la originalidad añadida de que el sistema belga pertenece al modelo parlamentario puro que, en este caso, se muestra en franco retroceso.
