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Elsa María del Carmen Lloret
El presente trabajo, se enmarca en el Proyecto de investigación “La adjudicación judicial: entre la racionalidad de fines y la racionalidad de necesidades. Un estudio de casos en la Provincia de Buenos Aires”, radicado en el Centro Interdisciplinario de Estudios Políticos, Jurídicos y Sociales (CIEP) (Facultad de Derecho- Facultad de Ciencias Humanas UNICEN), que tiene por finalidad repensar sobre el rol judicial, cuando deben resolverse conflictos entre diversos derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
Específicamente, a los efectos del presente trabajo se analizará el fallo de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que declaró la invalidez constitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia (en adelante DNU) 70/2017, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional modificó la ley de Migraciones n° 25.871.
Desde una perspectiva teórica, la presente reflexión, tiene su anclaje en un trabajo realizado por Sosa Sacio, Juan Manuel (2011), en el cual, el autor elabora una Guía Teórica- Practica, sobre como resuelve el Tribunal Constitucional Español los casos donde existe una colisión o conflicto entre bienes y derechos constitucionales.
El autor parte de la noción que ningún derecho es ilimitado, y su objeto no es determinar en qué medida la Constitución limita o restringe los derechos, sino más bien, qué ocurre cuando los derechos de igual jerarquía entran en conflicto, o son conculcados o lesionados. Allí, debe acudirse a la idea de ponderación, y utilizarse el conocido test de proporcionalidad. Sin embargo, debemos precisar que esta no es la única forma de resolver antinomias, colisiones o conflictos normativos (Sosa Sacio, 2011, p. 1). Existen además, otras formas como son la subsunción, armonización y jerarquización.
A través del análisis del Fallo CELS y otros contra DNM s/ amparo, del año 2018, se analizará que criterios de interpretación judicial, fueron utilizados por los Jueces de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal
