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La suspensión del deber de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020 propicia un incremento de los riesgos penales de los administradores. Las conductas de huida hacia adelante, deteriorando el patrimonio de la sociedad que finalmente podrá satisfacer a los acreedores, generan responsabilidad penal. En este trabajo se plantea la intensificación de los riesgos de cometer un delito de insolvencia punible por, entre otras conductas, el propio incumplimiento del deber mencionado, la celebración de negocios especulativos o de alto riesgo, las operaciones de sobreendeudamiento o el favorecimiento de acreedores.
