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Raquel Blázquez Martín
En épocas tan convulsas como la que ahora vivimos, en la que la crisis sanitaria ha expuesto a los cargos públicos a un escrutinio mediático y ciudadano de máximo nivel, se han multiplicado las posibilidades de colisión entre las libertades de expresión e información y el derecho al honor de quienes ejercen funciones públicas. Este contexto puede ser una buena ocasión para sistematizar los pronunciamientos de la Sala 1ª del TS acerca de las peculiaridades de estos conflictos. Para ello, se ha agrupado el estudio de las sentencias, principalmente de los dos últimos años, con el orden que sugiere la técnica de la ponderación entre derechos que, además de ser de obligatoria aplicación en este tipo de controversias, resulta muy útil para ordenar el hilo argumental de las pretensiones de las partes, para identificar los puntos reales de controversia y para centrar, en definitiva, el debate, la prueba y la decisión en lo que realmente importa.
El recorrido del artículo permite abordar el estudio del conflicto tomando en consideración los criterios jurisprudenciales más relevantes a la hora de determinar tanto la valoración del peso en abstracto de los derechos (la reforzada prevalencia funcional de las libertades de expresión e información, las dificultades del deslinde entre una y otra, la noción de cargo público y los sujetos activos de la crítica) como la segunda fase de comparación del peso relativo de unos y otros derechos. En esa segunda parte se exponen las particularidades que ofrecen la relevancia pública, la veracidad de lo informado o expresado y el juicio de proporcionalidad cuando los derechos individuales de quienes, en sentido amplio, gestionan lo público, se enfrentan a los derechos de libertad que representan las libertades de expresión e información.
