La prevención del contagio de Covid-19 en el marco de la celebración de elecciones autonómicas ha llevado a los gobiernos autonómicos a determinar que los contagiados por el virus no pueden acudir a ejercer su derecho a voto. Esta decisión, además de resultar discutible desde el punto de vista de los derechos fundamentales políticos de los ciudadanos, también resulta controvertida en la medida en que los datos personales de los enfermos reciben un tratamiento que puede resultar ajeno al previsto por la legislación vigente.