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Dos años después de que Puigdemont y otros dirigentes políticos catalanes, huidos de España, interpusieran una demanda de responsabilidad civil contra el Reino de España y contra el Magistrado Llarena, el Tribunal belga la ha inadmitido aplicando el principio, que fue inicialmente consuetudinario y luego convencional, de la inmunidad de jurisdicción que beneficia tanto a los estados como a sus órganos, por lo que alcanza también a los magistrados que integran sus Tribunales. Dado que el Magistrado Llarena actuaba en todo momento en el ejercicio de su función jurisdiccional, es decir en el ejercicio de un poder público, por lo que sus actos de iure imperii pertenecen al ámbito protegido por la inmunidad de jurisdicción.
