Acceso usuarios
Internet es un nuevo paradigma y su acceso ha pasado a ser una necesidad esencial humana que debe estar garantizada como derecho humano y con protección constitucional iusfundamental. Este derecho de acceso a internet va tomando forma a partir esencialmente de las libertades informativas. El análisis intenta construir y conformar las muy variadas garantías de muy diversa naturaleza que se van destilando para garantizar el libre acceso a internet, así como su dimensión prestacional o social y las obligaciones para garantizar el acceso que asumen los poderes públicos directamente o a través de operadores de comunicaciones. De la mano de la UE, la regulación española de telecomunicaciones ha sido la más seria hasta la fecha para la garantía del servicio público del acceso a internet como «servicio universal» (Tít. III, arts. 23-28 LGT). El emergente derecho de acceso se perfila también en negativo a partir de muchas regulaciones de las restricciones de internet en la regulación internacional, europea y española, un terreno relativamente opaco bajo el velo de la regulación técnica y de órganos sectoriales. En todo caso, se ha sostenido que las dudas de constitucionalidad de esta normativa dependerán de la concreta aplicación de la normativa. La naturaleza de derecho fundamental o humano se perfila con mayor claridad a la hora de analizar las garantías frente al apagón, desconexión, cierre, bloqueo, filtro, u otras restricciones de acceso a internet y sus contenidos. Ahí se aprecia más nítidamente la clásica dimensión negativa de las libertades informativas. No obstante, es necesaria una actualización y determinación de estas garantías y se ha intentado construir las mismas en razón del Derecho Europeo. En particular se ha subrayado el necesario protagonismo judicial para la restricción a internet y sus contenidos. El TEDH, el Consejo de Europa, y más tímidamente el Derecho de la UE, ya han avanzado mucho fijando tales garantías, pese a que en España ni la legislación ni la jurisprudencia parezcan percibirlo.Las garantías que aquí se sostienen derivan de las libertades informativas (art. 20. 1º CE) interpretadas merced al artículo 10. 2º CE. En todo caso, se ha expuesto que el Derecho Constitucional español tampoco ha actualizado para internet las fuertes garantías que previó el constituyente en 1978. Aquí se aboga por una actualización digital de la prohibición de censura o del secuestro judicial de las publicaciones. El legislador español no se toma la cuestión en serio. El artículo 8 Ley 34/2002 sigue suscitando muchas dudas respecto de qué tipo de autoridad puede restringir internet y el artículo 81 Ley orgánica 3/2018 reconoce un derecho de acceso a internet vacuo o simbólico, y además no es de carácter orgánico. Finalmente se concluye que el nuevo artículo 4. 6º LGT aprobado al calor de elecciones y máxima tensión política, no cumple ni de lejos los estándares de calidad normativa ni las garantías que aquí se han sostenido, además de incumplir las exigencias del artículo 86 CE. Además del Gobierno de Cataluña, el Gobierno Vasco lo ha hecho abriendo la posibilidad de negociaciones, por lo que cabe una reforma normativa también apoyada por partido de gobierno. Sin perjuicio de ello, sería deseable a una pronta declaración de inconstitucionalidad por el TC, que sirva, además, para actualizar su deficiente doctrina en la materia.
The Internet is a new paradigm and access to it has become an essential human need; this must be guaranteed as a human right and with constitutional protection. This right of access to the Internet is taking shape essentially on the basis of the freedom of information. The guarantees of free access to the Internet have been analysed, as well as its social dimension and the obligations to guarantee universal access assumed by public authorities directly or through communications operators. In particular, based on the classic negative dimension of information freedoms, the guarantees against blackout, disconnection, closure, blocking, filtering or other restrictions on access to the Internet and its contents have been specified. In particular, the necessary judicial role for the restriction to the Internet and its contents has been underlined. The ECtHR, the Council of Europe and, more timidly, EU law, have already made great progress in establishing such guarantees. The guarantees that the author affirms derive from the freedom of information (art. 20. 1 EC) interpreted through article 10. 2 EC. In any case, it has been stated that Spanish Constitutional Law has not updated for Internet the strong guarantees provided by the Constituent in 1978.The author maintains the need for an digital update of the prohibition of censorship or the judicial sequester of publications. As stated, the Spanish legislator does not take the issue seriously. Article 8 Law 34/2002 still raises many doubts as to what kind of authority can restrict the Internet. Article 81 Organic Law 3/2018 recognises a vacuous and symbolic right of access to the Internet, without organic legal nature. Together with the EU, the Spanish telecommunications regulation has been the most serious to date for guaranteeing the guarantee of internet access as a «universal service» (Title III, arts. 23-28 LGT). Internet restrictions on international, European and Spanish regulation, have been examined, a relatively opaque scope. It is affirmed that the doubts of the constitutionality of this regulation will arise with regard to their concrete application. However, the new article 4. 6º LGT, approved in the heat of elections and maximum political tension, does not comply by far with the standards of regulatory quality nor the guarantees that have been maintained here, in addition to failing to comply with the requirements of article 86 EC. Governments of Catalonia and Basque Country have appealed. The author would like an early declaration of unconstitutionality by the Constitutional Court, which will also serve to update its poor doctrine in this area.Summary:I.- The hybrid guarantees of Internet access. II.- The varied international, European and Spanish regulation of Internet access restrictions. III.- The guarantees against Internet access restrictions, blocking or filtering. IV - Special judicial guarantees, or guarantees by independent authorities. V.- To conclude. The unconstitutionality of the digital «blackout» or «gag» approved with Royal Decree Law 14/2019
