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Sebastián Cornejo Aguiar
El objetivo del presente artículo es determinar, como la tipificación de los delitos contra la Administración pública respaldan el correcto funcionamiento de la infraestructura organizativa, que permite el recto y normal funcionamiento de la actividad de la Administración pública, con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y, en definitiva, el correcto ejercicio de la potestad administrativa, sancionando las conductas de autoridades, funcionarios y particulares que vician su eficacia, o el cumplimiento de los fines que tiene constitucionalmente asignados, a tal punto que estos delitos son considerados como un eje de la corrupción que genera en los políticos una pugna por las ambiciones e intereses particulares, acrecienta la burocracia estatal y genera servicios públicos deficientes, a la vez que crea una cultura inmoral, de aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio propio, siendo necesario en tal sentido se analice lo referente al sistema de los delitos contra la administración pública desde la óptica de criterios y modelos de tratamiento legislativo, así como también desde la naturaleza jurídica de dichos delitos, ya que solo así podremos llegar a entender incluso las tendencias hacia la punición o impunidad de los mismos.
