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Pocas semanas después de que llegase a Europa y a Estados Unidos, el Covid-19 ha golpeado América Latina con toda su fuerza. Algunos gobiernos reaccionaron con rapidez, declarando cuarentenas y poniendo en marcha medidas económicas de emergencia. Otros –como el Brasil de Jair Bolsonaro o el México de Andrés Manuel López Obrador– se han obcecado en la negación o, al menos, han dado más prioridad a proteger la economía que la salud pública. Aun así, el virus ha causado estragos en la región, explotando sus debilidades, que incluyen el hacinamiento en ciudades densas. Los sistemas sanitarios de los países latinoamericanos están mejor que hace dos décadas, pero siguen muy faltos de recursos. La elevada informalidad de la economía ha conspirado contra los confinamientos y dificulta que los gobiernos compensen a trabajadores y empresas por las inevitables pérdidas.
El virus ha llegado a América Latina en un momento bajo. Las economías de la región arrastran varios años de fragilidad. La democracia ha mantenido el tipo relativamente bien: Venezuela y Nicaragua son los dos únicos casos en que se ha visto borrada. No obstante, los políticos e instituciones democráticas de la región han percibido su reputación puesta en duda. Durante 2019, se produjeron en media docena de países latinoamericanos multitudinarias protestas ciudadanas, cubiertas por los medios de comunicación. Es sintomático que estas protestas fueran particularmente intensas, violentas y duraderas en Chile, por su simbolismo como modelo socioeconómico en la región, sea real o no.
El coronavirus ha aparcado el resto de preocupaciones. Chile ha pospuesto, de abril a octubre, un plebiscito en el que se iba a consultar a la ciudadanía si redactar una nueva Constitución. Bolivia aplazó dos veces unas elecciones, ahora programadas para septiembre; las de República Dominicana se postergaron de mayo a julio.
