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Este artículo busca analizar el reciente impulso que la legislación de algunas Comunidades autónomas ha querido dar a la lucha contra el cambio climático y contextualizarla en las poderosas tensiones que experimenta de tipo competencial, que a la par lo son también con una interpretación rígida de los límites que impone el modelo económico. Por el momento en España parece que frente a las políticas filoclimáticas autonómicas, el gobierno central, en vez de aprovechar las sinergias y ese “papel activo e innovador” que demanda el Comité de las Regiones, ha optado por la mirada corta competencial para lo que ha usado como escudo las “viejas” competencias energéticas y de planificación de la economía en detrimento de la perspectiva verde.
