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Eduardo Bandrés Moliné 
, Lola Gadea, Vicente Salas Fumás , Yolanda Sauras
El Plan Europeo de Recuperación junto con el programa de compra de activos del Banco Central Europeo configuran los dos ejes principales de la respuesta de la Unión Europea ante la crisis económica derivada del COVID-19. La propuesta presentada por la Comisión Europea, aún pendiente de aprobación, desarrolla un conjunto de líneas estratégicas hacia las que se dirigirán los recursos financieros para la recuperación de la economía europea.
Sin embargo, el Plan adolece de tres problemas que limitan seriamente su capacidad como instrumento de recuperación: su limitada cuantía (un 5,4% del PIB de la UE-27), su calendario de ejecución (más de 5 años), demasiado largo para hacer frente a las necesidades inmediatas de impulso a la demanda, y su orientación, más preocupada por reformas estructurales, que por asegurar la reactivación inmediata de la economía.
España, uno de los países más afectados por la pandemia y con peores perspectivas de impacto de la crisis sobre la economía, tiene la necesidad y la oportunidad de acceder a estos fondos, porque su déficit estructural previo y su nivel de deuda pública limitan seriamente su capacidad fiscal para generar los mecanismos de sostenimiento de rentas y recuperación de la actividad que se requieren.
El acceso a la financiación europea, sin embargo, requerirá el cumplimiento de un programa de reformas sobre el que girará la condicionalidad, con hitos precisos para la liberación de los recursos según el cumplimiento de objetivos.
