Acceso usuarios
Marcos Crespo Fernández
El punto de partida de la investigación que ha dado origen al presente artículo, fue la detección de un problema jurídico concreto que surgió en su día con la práctica profesional, y que guarda relación con la concesión de las autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales para víctimas de trata de seres humanos. En concreto, con la elaboración de trabajo se pretende desentrañar la dificultad surgida acerca del momento procesal oportuno que debe ser tenido en cuenta para conceder ese tipo de autorización de residencia con carácter definitivo.
Con todo ello se ha intentado contribuir de manera significativa, a intentar identificar y resaltar aquellos contenidos que aparecen recogidos en nuestro ordenamiento jurídico así como aquella jurisprudencia emanada recientemente del Tribunal Supremo en relación con las concesiones de autorización de residencia y trabajo a víctimas de trata de seres humanos.
En primer lugar se ha realizado una aproximación al concepto de trata de seres humanos, ya que hasta no hace mucho tiempo era considerado una cuestión bastante controvertida.
Afortunadamente, en la actualidad ya disponemos de una definición más o menos completa, que comprende todas las características de esta grave violación de los derechos humanos, proporcionada por el Consejo de Europa. Así, el artículo cuarto del Convenio del Consejo de Europa, de 16 de mayo de 2005, define la trata de seres humanos como el «reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación. La explotación comprenderá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otras personas u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos».
En segundo lugar, con la elaboración de este artículo, se ha intentado arrojar luz a la problemática existente en el ámbito de la concesión de las respectivas autorizaciones de residencia y trabajo a víctimas de trata de seres humanos, tanto desde una óptica jurídica, analizando sus carencias y virtudes, como desde una óptica puramente descriptiva, con el objeto de acercar al lector este tipo de derecho del que disfrutan las víctimas de trata de seres humanos que opten por residir legalmente en nuestro país.
Por lo que respecta a la legislación que regula el ámbito de la extranjería en la actualidad, si bien es cierto que la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, es del año 2000 y su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, del año 2011, en su regulación se articulan diferentes mecanismos para regularizar a las víctimas de trata de seres humanos, tanto en atención a la colaboración que la víctima efectúe con las autoridades judiciales, fiscales o policiales en la averiguación y esclarecimiento del hecho delictivo, como en atención a su situación personal.
Para poder llegar al supuesto en el que se le facilite a las víctimas de trata de seres humanos la posibilidad de residencia legal en nuestro país, quizás el paso más importante, es el que realizan, tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como los diferentes agentes que pueden estar en contacto con las posibles víctimas de trata de seres humanos (personal de inmigración, fiscalía, judicatura, agencias de protección de menores, ONG que prestan servicios a las víctimas, servicios sociales, inspección de trabajo, sindicatos):
la detección de la posible víctima.
La detección de la víctima es solo el primer paso de un marco establecido para ofrecer protección a corto y a largo plazo a las víctimas. Tanto el legislador español como el comunitario, establecen una serie de normas de carácter protector con el objeto de intentar paliar los efectos negativos, tanto físicos como psicológicos, que sufren aquellas personas que son víctimas de trata de seres humanos.
Las víctimas de trata deben ser detectadas cuanto antes para ser rescatadas de su situación de explotación y recibir la protección adecuada establecida en las normas comunitarias y españolas. Cuando una posible víctima es detectada, debe derivarse a órganos especializados, encargados de su identificación formal como víctima de trata y coordinar todas las acciones dedicadas a las víctimas. La identificación es muy importante porque a partir de ese momento la víctima es titular de una serie de derechos específicos de protección, entre los que se encuentra la posibilidad de residencia legal en España.
A lo largo de este artículo se analizarán una serie de sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de España, con el objeto de resolver la problemática jurídica de cuál sería el momento procesal oportuno que debe ser tenido en cuenta para conceder la autorización de residencia y trabajo definitiva en atención a la colaboración de la víctima. ¿Debemos entender que debe concluir el procedimiento judicial penal para resolver la autorización de residencia definitiva o por el contrario podemos conceder la autorización de residencia definitiva siempre que se hubiera producido prueba preconstituida o anticipada? ¿Sería suficiente una certificación judicial en la que refleje los extremos de la colaboración de la víctima durante la tramitación del proceso? Para dar respuesta a estas cuestiones tratamos de analizar en el presente trabajo la eficacia que tiene la declaración de la víctima de trata de seres humanos como prueba plena en sede judicial.
The starting point of the research that has given rise to this article, was the detection of a specific legal problem that arose at the time with professional practice, and related to the granting of residence and work permits for victims of human trafficking in exceptional circumstances. In particular, the aim of the work is to identify the difficulties that have arisen with regard to the appropriate procedural time to be taken into account in order to grant this type of permanent residence permit.
All this has been done in an attempt to make a significant contribution, to try to identify and highlight those contents that appear in our legal system as well as that jurisprudence recently issued by the Supreme Court regarding the granting of residence permits and work for victims of human trafficking.
In the first place, an approximation has been made to the concept of trafficking in human beings, since until not long ago it was considered a rather controversial issue. Fortunately, we now have a more or less complete definition, which covers all the characteristics of this serious violation of human rights, provided by the Council of Europe. So, Article 4th of the Council of Europe Convention of 2005 16th May defines trafficking in human beings. Trafficking in human beings shall mean «the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs».
Secondly, with the drafting of this article, an attempt has been made to shed light on the problem of granting residence and work permits to victims of trafficking in human beings, both from a legal point of view, analysing its shortcomings and virtues, and from a purely descriptive point of view, with the aim of bringing to the reader this type of right enjoyed by victims of trafficking in human beings who choose to reside legally in our country.
According to the legislation governing the field of foreign affairs today, although it is true that Organic Law 4/200, of January 11th, on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, is from the year 2000 and its Implementing Regulations, Royal Decree 557/2011, of April 20th, approving the Regulations of Organic Law 4/200, of January 11th, on the rights and freedoms of foreigners in Spain and their social integration, in its regulation articulates different mechanisms to regularize victims of trafficking in human beings, both in view of the victim´s collaboration with the judicial, prosecutorial or police authorities in the investigation and clarification of the criminal act, as in view of their personal situation.
In order to arrive at the situation in which victims of human trafficking are given the possibility of legal residence in our country, perhaps the most important step, is carried out by both the State Security Forces and the different actors who may be in contact with potential victims of human trafficking (immigration personnel, prosecution, judiciary, child protection agencies, NGO providing services to victims, social services, labour inspectorate, trade unions): identification of the potential victim.
Victim identification is only the first step in an established framework to provide short– and long-term protection to victims. Both the Spanish and the Community legislators lay down a series of protective rules in order to try to mitigate the negative effects, both physical and psychological, suffering those who are victims of human trafficking.
Victims of trafficking must be identified as soon as possible in order to be rescued from their exploitative situation and to receive the appropriate protection laid down in Community and Spanish legislation. When a potential victim is identified, he or she must be referred to specialized bodies responsible for his or her formal identification as a victim of trafficking and for coordinating all victim-specific actions. Identification is very important because from that moment on the victim is the holder of a series of specific rights of protection, among which is the possibility of legal residence in Spain.
Throughout this article we will analyze a series of judgments issued by the Supreme Court of Spain, in order to resolve the legal problem of what would be the appropriate procedural moment to be taken into account in granting the residence and final work permit in view of the victim’s cooperation. Are we to understand that the criminal court procedure must be completed in order to decide on a permanent residence permit or, on the contrary, can we grant a permanent residence permit provided that proof has been produced preconstituted or anticipated? Would a judicial certification reflecting the extremes of the victim´s collaboration during the process be sufficient? In order to answer these questions we try to analyze in the present work the effectiveness of the declaration of the victim of human trafficking as full evidence in court.
