Acceso usuarios
Carolina Martínez Moreno 
El sistema español de Seguridad Social se ha caracterizado históricamente por su diversificación, por la multiplicidad de su estructura y por la integración en su campo de aplicación de diferentes grupos de personas, no necesariamente en correspondencia estricta con la noción de trabajador asalariado que delimita la normativa laboral. Ello es congruente con la idea de universalización de un sistema de protección para las personas en situación de necesidad que marca nuestra Constitución en su art. 41. Y explica fácilmente la integración en el sistema de los trabajadores autónomos, que pasarán a formar parte de uno de los regímenes especiales con más tradición y mayor relevancia en la práctica, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), paradigma de otra tendencia reciente de nuestra Seguridad Social hacia la simplificación, la racionalización y la convergencia. De hecho, el RETA se ha convertido en el segundo eje vertebrador, junto con el RGSS, de un largo y complejo proceso orientado a lograr esos objetivos. Sin embargo, ese proceso no ha sido uniforme ni sencillo, y se ha ido produciendo, en cambio, a lo largo de un dilatado período de tiempo, y a través de un sinfín de disposiciones y cambios normativos difíciles de seguir y contemplar de manera integral. El sentido de llevar ahora a cabo un análisis de la jurisprudencia en relación con la Seguridad Social de los trabajadores autónomos es precisamente proporcionar una visión de conjunto de los interrogantes y debates más relevantes suscitados por esa evolución, y de las grandes líneas doctrinales generadas en el transcurso de ese proceso. Criterios interpretativos que han tenido la virtualidad, por un lado, de clarificar precisamente problemas de aplicación de las normas en el tiempo; y que tal vez han podido igualmente contribuir a la mejora de la acción protectora de los autónomos. Lo que aquí se propone es un repaso muy panorámico de los hitos más relevantes de la jurisprudencia de los últimos quince o veinte años sobre los elementos centrales o que han podido dar lugar a una mayor litigiosidad del RETA; pero en diálogo permanente con los numerosos cambios normativos.
Se comienza por la propia delimitación de su campo de aplicación por referencia al trabajo autónomo, aquel que no se realiza con sometimiento o en virtud de un contrato de trabajo, de cuyas notas caracterizadoras la que más dificultades de concreción ha suscitado es la de la “habitualidad”. El segundo gran problema que se aborda es el de los requisitos para causar derecho a las prestaciones, en particular, la obligación de estar al corriente en el pago de las cuotas, presupuesto sobre el que la jurisprudencia del TS ha incidido, concretamente, en relación con los siguientes aspectos: la repercusión sobre el derecho a la percepción de una prestación reconocida por otro régimen de la Seguridad Social, si en el mismo se reúnen los requisitos necesarios para ello; los efectos del aplazamiento del pago de cuotas, y si estas se computan para la determinación del período de carencia exigido; el mecanismo de la “invitación al pago”; y, por último, la eficacia de las cuotas correspondientes a períodos anteriores al alta.
Seguidamente se analiza la doctrina de los “días cuota” referidos a las pagas extras, doctrina de creación jurisprudencial con incidencia respecto del período de carencia, pero no a efectos de cálculo del importe de la pensión, y cuyo tratamiento experimentó no pocos vaivenes, de los que se procura dar cumplida cuenta.
En relación con las distintas contingencias, respecto de la IT se hace un recorrido por los criterios de la Sala Cuarta del TS en relación con los siguientes aspectos: el requisito del alta para causar derecho a la prestación; el alcance de la obligación de declarar sobre la persona que gestiona el negocio durante la baja del autónomo; la posibilidad de alta simultánea por la realización de otra actividad; y la limitación para el incremento de las bases de cotización durante la IT. La protección de las trabajadoras autónomas por las contingencias de maternidad -también paternidad, en el caso del otro progenitor-, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural son una buena muestra de esa tendencia a la convergencia con el RGSS y a la ampliación de la protección dispensada por el sistema de la Seguridad Social. Y a ellas se dedica el siguiente apartado del estudio. Respecto de la Incapacidad Permanente la Sala se ha ocupado, entre otras cuestiones, de la fecha de efectos de su reconocimiento, habida cuenta que puede mantenerse el alta sin realizar la actividad; de la eventual integración de lagunas; de las limitaciones de la protección de la IP parcial en los autónomos; de las exigencias respecto de la IP total cualificada; y de la compatibilidad de pensiones en el RGSS y el RETA. Por extraño que pueda parecer, la jubilación en el RETA no ha sido precisamente un asunto excesivamente tratado por la jurisprudencia, pese a lo cual se da noticia de algún criterio de interés referido a la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada al haber cotizado también en el RGSS; o sobre la repercusión del incremento por el autónomo de sus bases de cotización. Algo similar ocurre con las prestaciones por muerte y supervivencia, respecto de las que el TS se limita casi exclusivamente a recoger y aplicar algunos de los criterios generales a los que ya se ha aludido.
En relación con la protección por desempleo y su articulación con el trabajo autónomo, la Sala resuelve fundamentalmente las cuestiones relativas a la posibilidad de solicitar la prestación por desempleo en su modalidad de pago único con posterioridad al inicio de la actividad como autónomo; y a la articulación de la misma con la prestación consistente en la subvención de las cuotas del RETA. Mientras que sobre la novedosa protección del autónomo frente al “cese de actividad” es comprensible que la doctrina de la Sala sea aún escasa y muy incipiente, referida principalmente a los requisitos para causar derecho a la prestación; en particular, a la necesidad de acreditar la causa para acceder a la misma, y el momento en que concurre el cese efectivo en la actividad que constituye el hecho causante de la prestación. Por fin, una de las ampliaciones de la acción protectora del trabajo autónomo que se produce en el 2002 es la referida a las contingencias profesionales. A la delimitación del concepto de accidente de trabajo de los autónomos se dedica la última parte del trabajo
The Spanish Social Security system has historically been characterized by its diversification, by the multiplicity of its structure and by the integration in its field of application of different groups of people, not necessarily in strict correspondence with the notion of salaried worker that delimits the regulations labor.
This is consistent with the idea of universalization of a system of protection for people in need that marks our Constitution in its art. 41. And it easily explains the integration into the system of autonomous workers, who will become part of one of the special regimes with more tradition and greater relevance in practice, the Special Regime for Autonomous Workers (RETA), a paradigm of another recent trend of our Social Security towards simplification, rationalization and convergence. Actually, the RETA has become the second backbone, along with the RGSS, of a long and complex process aimed at achieving those objectives.
However, this process has not been uniform or simple, and it has been produced, instead, over a long period of time, and through an endless number of regulations and regulatory changes that are difficult to follow and contemplate in an integral manner. The sense of carrying out an analysis of jurisprudence in relation to the Social Security of self-employed workers now is precisely to provide an overview of the most relevant questions and debates raised by this evolution, and of the great doctrinal lines generated in the course of that process. Interpretive criteria that have had the virtuality, on the one hand, to clarify precisely problems of application of the rules in time; and that perhaps they have also been able to contribute to the improvement of the protective action of the self-employed. What is proposed here is a very panoramic review of the most relevant milestones of the jurisprudence of the last fifteen or twenty years on the central elements or that have resulted in greater litigation of the RETA; but in permanent dialogue with the numerous regulatory changes.
It begins with the delimitation of its field of application by reference to self-employment, that which is not carried out with submission or by virtue of an employment contract, whose characterizing notes the one that has caused the most difficulties of concretion is that of the “ habituality ”. The second major problem that is addressed is that of the requirements to cause entitlement to benefits, in particular, the obligation to be up to date in the payment of fees, a budget on which the jurisprudence of the TS has specifically affected in relation to with the following aspects: the impact on the right to the perception of a benefit recognized by another Social Security regime, if it meets the necessary requirements for it; the effects of the deferral of the payment of fees, and if these are computed for the determination of the required period of lack; the mechanism of the “invitation to pay”; and, finally, the effectiveness of the fees corresponding to periods prior to discharge. Next, the doctrine of the “quota days” referring to the extra payments, doctrine of jurisprudential creation with incidence regarding the period of lack, but not for the purpose of calculating the amount of the pension, and whose treatment experienced not few fluctuations, of those who try to give fulfilled account.
In relation to the different contingencies, with respect to the IT, a tour is made through the criteria of the Fourth Chamber of the TS in relation to the following aspects: the requirement of discharge to cause entitlement to the benefit; the scope of the obligation to declare on the person who manages the business during the self-employed leave; the possibility of simultaneous registration for the performance of another activity; and the limitation for the increase of the contribution bases during the IT. The protection of self-employed women by the contingencies of maternity - also paternity, in the case of the other parent-, risk during pregnancy and risk during breastfeeding are a good example of this tendency towards convergence with the RGSS and the extension of the protection provided by the Social Security system. And the following section of the study is dedicated to them. Regarding the Permanent Disability, the Chamber has dealt, among other issues, with the date of the effects of its recognition, given that the discharge can be maintained without carrying out the activity; of the eventual integration of gaps; of the limitations of the protection of the partial IP in the self-employed; of the requirements regarding the total qualified IP;
and of the compatibility of pensions in the RGSS and the RETA.
Oddly enough, retirement in the RETA has not been precisely an issue that is excessively dealt with by jurisprudence, despite the fact that there is news of some criterion of interest regarding the possibility of availing for early retirement as it has also contributed to the RGSS; or on the impact of the increase by the autonomous of its contribution bases. Something similar occurs with the benefits for death and survival, for which the TS is limited almost exclusively to collect and apply some of the general criteria to which it has already been alluded. In relation to unemployment protection and its articulation with autonomous work, the Chamber basically resolves issues related to the possibility of requesting unemployment benefits in its single payment modality after the start of the activity as a freelancer; and to the articulation of the same with the provision consisting in the subsidy of the RETA quotas. While on the novelty of the autonomous protection against the “cessation of activity” it is understandable that the doctrine of the Chamber is still scarce and very incipient, mainly referring to the requirements to cause entitlement to the benefit; in particular, to the need to prove the cause to access it, and the moment in which the effective cessation in the activity that constitutes the event causing the benefit occurs. Finally, one of the extensions of the protective action of autonomous work that occurs in 2002 is that of professional contingencies. The last part of the work is dedicated to the definition of the concept of work accident of the self-employed.
