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HENAR ÁLVAREZ CUESTA
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León, España
El trabajo de investigación desarrollado parte de un análisis detallado del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Ajena o Autónomos, dentro del cual se plantean como objetivos a alcanzar los siguientes:
en primer lugar, hallar sus puntos de fuga y el elemento en el que se asienta, hasta el momento, nuclear, cual es el de la contributividad; en segundo, examinar las distorsiones que se producen cuando se aplica a las nuevas coordenadas productivas o a los distintos mecanismos de interposición entre la figura de trabajador y empresario; y, por último, reflexionar sobre los cambios legislativos necesarios para erradicar la precariedad detectada en el Sistema de Seguridad Social.
Dentro de la categoría genérica de trabajadores por cuenta propia (reales o falsos) se agrupan cada vez más sujetos sometidos a condiciones de actividad de escasa duración, discontinuas y generadoras de exiguos ingresos, bien sea por su encuadramiento indebido en el Régimen Especial o por las propias características de su prestación, muchas veces a través de los medios tecnológicos, bien por la utilización de empresas instrumentales para regularizar su ubicación en el sistema, o bien por el masivo recurso al contrato de servicios por las Administraciones, el abuso de la figura de los cuidadores no profesionales o el incremento de los cometidos de voluntariado.
Respecto a las primeras, las modernas formas de ocupación que están surgiendo, sobre todo en el marco de la digitalización y las nuevas tecnologías, están desdibujando los límites entre el empleo por cuenta ajena y el empleo autónomo, lo que puede ocasionar una degradación de la calidad de las condiciones de trabajo y, por consiguiente, de la protección social. De hecho, y tal y como se muestra en el presente ensayo, acaban por generar el nacimiento de una nueva subclase, denominada “precariado” tecnológico (e-precariado): personas que obtienen la mayor parte de sus ingresos realizando prestaciones de servicios de forma esporádica, dependiendo de la llamada del cliente, de multitud de clientes, sin horario alguno ni ingreso mínimo a percibir, sin descansos, sin cobertura social, sometidos, al tiempo, al escrutinio y valoración del mundo entero para continuar obteniendo una mísera retribución.
Bajo tales premisas, el estudio aborda la legislación vigente aplicable y las repercusiones sobre su protección social (y sobre el propio Sistema de Seguridad Social). De un lado, la incorrecta y fraudulenta clasificación de estos quehaceres laborales como trabajo por cuenta propia (en el mejor de los casos) o como trabajo oculto que impide su incorporación (y superior cotización y protección) en el Régimen General, en tanto que el Régimen Especial, pese a las numerosas reformas, todavía no proporciona la misma protección que la contenida en el Régimen General (en España, en otros países la situación es mucho más deficiente) y hace recaer sobre el falso autónomo un mayor coste, en la mayoría de las ocasiones inasumible, a la hora de hacer frente a las cotizaciones.
En cuanto hace a los mecanismos de interposición, el estudio analiza con rigor y exhaustividad las cooperativas, en particular las de trabajo asociado y un híbrido reciente, las de facturación, las cuales son utilizadas como “paraguas” que cobija trabajo precario bajo estas dos modalidades, mostrando cómo esta forma jurídica de organización de la prestación en muchas ocasiones supone una huida del trabajo autónomo forzoso (el empresario huye del trabajo por cuenta ajena hacia el autónomo y el trabajador recorre el camino contrario o, dicho de otro modo, las empresas prefieren contratar a los falsos autónomos y los autónomos prefieren ser falsamente contratados laboralmente); y en otras el iter transitado es el clásico e inverso. En materia de protección social, la flexibilidad concedida (las cooperativas de trabajo asociado pueden optar, estatutaria y globalmente, por el encuadramiento de sus socios trabajadores como autónomos o como asimilados a trabajadores por cuenta ajena) permite elegir el régimen más conveniente en cada caso teniendo en cuenta las características de cada uno y las prestaciones que ofrece, pero sin proporcionar, en muchas ocasiones, la debida tutela al socio trabajador.
Por otra parte, las presiones para el ahorro de costes de personal dentro de las Administraciones, como importante contribución a la reducción del déficit público, ha tenido como uno de los efectos más destacados la opción frecuente por la prestación indirecta de servicios a los usuarios por medio de agentes privados.
Tal devenir cuenta con tres manifestaciones principales en el incremento del trabajo autónomo: el masivo recurso al contrato de servicios y al contrato de concesión de servicios públicos; el abuso en la figura de los cuidadores no profesionales y el incremento de las prestaciones de voluntariado. Con todas estas posibilidades se evita el reclutamiento directo de efectivos y la convocatoria de procesos de selección, tras la previa dotación de plazas en la relación de puestos de trabajo, lo cual, además del ahorro en costes organizativos en las distintas Administraciones Públicas, implicará una rebaja en las partidas económicas, quedando asegurada la dispensa de servicios de interés general a favor de los ciudadanos exigida por el Estado de Bienestar. Al propio tiempo, esta opción supone la precarización de las condiciones de trabajo de los implicados en estos procesos, pues quedan sumergidos en un trabajo autónomo en sentido estricto o encubierto por un convenio especial o un seguro con escasa (o nula) protección.
Ante estas situaciones de precariedad y vulnerabilidad, se apunta como idea transversal la especial consideración que ha de merecer la protección social de dichos trabajadores autónomos y, para ello, se reflexiona sobre el umbral de ingresos necesarios, la siempre postergada cotización a tiempo parcial, la política de bonificaciones y reducciones de cuotas, la redistribución de la contributividad o, por no seguir, la extensión de una red universal de seguridad para todo tipo de actividades.
Respecto a esta última y como una de las conclusiones fruto de la investigación realizada, si se pretende realmente luchar contra la precariedad, es necesario dotar de un entramado de seguridad a quienes prestan servicios fuera del Régimen General y garantizar lo previsto en la CE (art. 41), razón por la cual cabe imponer dos tipos de obligaciones principales: de un lado, procurar ampliar el campo de aplicación del ordenamiento de la Seguridad Social hacia las “zonas grises”, a riesgo de convertirse en un paraguas que cada vez más protege a menos personas; de otro, reconfigurar la aplicación del régimen de trabajadores autónomos a sus propios términos, sin olvidar atender a la hora de fijar las cuotas al volumen real de ingresos obtenidos ni tampoco perder de vista la posibilidad de regular el trabajo en régimen de autoorganización a tiempo parcial, diseñando, en paralelo, mecanismos de control eficaces
The research work developed is based on a detailed analysis of the Special Regime for the Social Security of Self-Employed or Self-Employed Workers, in which it is proposed as objectives to be achieved, firstly, to find its principle points and the element in which it is based, so far, nuclear, of the contributivity;
second, to examine the distortions that happen when they are applied to the new productive situation or to the different mechanisms of interposition between the figure of worker and employer; and, finally, reflect on the legislative changes necessary to eradicate the precariousness detected in the Social Security System.
Within the generic category of self-employed workers (real or false), more and more subjects are subject to low-term, discontinuous and low-income activity conditions; either due to its wrong framing in the Special Regime or due to the characteristics of its provision, often through technological means; or by the use of instrumental companies to regularize their framework in the system; or because of the massive use of the services contract by the Administrations, the abuse of the figure of non-professional caregivers or the increase in volunteer jobs.
Therefore, the new forms of employment that are emerging, especially in the context of digitalization and new technologies, are blurring the boundaries between employment and self-employment, which can cause a degradation of the quality of employment and, consequently, of social protection. In fact, and as it is shown in the work, they end up generating the birth of a new social subclass, called “technological precarious” (e-precarious): people who obtain most of their income by providing services in a way sporadic, depending on the client's call, from a multitude of clients, without any hours or minimum income to be received, without breaks, without social protection, subject to scrutiny and assessment of the entire world to continue obtaining compensation.
The study analyzes the applicable current legislation and the repercussions on its social protection (and on the Social Security System itself). On the one hand, the incorrect and fraudulent classification of these labor benefits as self-employment (in the best case) or as hidden work prevents their incorporation (and higher contribution and protection) in the General Regime, while the Autonomous Regime, despite the numerous reforms, it still does not provide the same protection as that contained in the General Regime (in Spain, in other countries the situation is much more deficient) and causes a higher cost to fall on the false autonomous, in most the unattainable occasions, when dealing with quotes.
As for the interposition mechanisms, the study analyzes with rigor and thoroughness the cooperatives, in particular those of associated work and a recent hybrid, those of billing, which are used as “umbrellas” that protect precarious work under these two modalities. The study shows how this legal form of organization of the benefit often involves the escape of forced autonomous work (the employer “runs” from work for the self-employed person and the worker travels the opposite way or, in other words, companies they prefer to hire the false freelancers and the freelancers prefer to be falsely hired at work); and in others the road traveled is the classic and inverse. In terms of social protection, the flexibility granted (the associated labor cooperatives may opt, both statutory and globally, for the framework of their working partners as self-employed or as assimilated to employed persons) allows to choose the most convenient regime in each case taking taking into account the characteristics of each one and the benefits it offers, but without providing, in many cases, due protection to the working partner.
Pressures to save personnel costs within the Administrations, as an important contribution to the reduction of the public deficit, have had as one of the most prominent effects the frequent option for the indirect provision of services to citizens through private agents. Such becoming has three main manifestations in the increase of autonomous work: the massive use of the service contract and the public service concession contract; the abuse in the figure of non-professional caregivers and the increase in volunteer benefits. With all these possibilities, the direct recruitment of personnel and the call for selection processes are avoided, after the previous provision of places in the list of jobs, which, in addition to the saving in organizational costs in the different Public Administrations, will imply a reduction in economic items, while ensuring the provision of services of general interest in favor of citizens. At the same time, this option implies the precariousness of the working conditions of those involved in these processes, as they are immersed in autonomous work with little (or no) protection, sometimes, hidden by a special agreement or accident insurance.
Given these situations of precariousness and vulnerability, the special consideration that the social protection of these self-employed workers must deserve is pointed out as a transversal idea and, for this, the threshold of necessary income is reflected, the always postponed part-time contribution, the policy of bonuses and reductions of quotas, the redistribution of the contributivity or, for not following, the extension of a universal safety net for all types of activities.
One of the conclusions resulting from the research carried out, it is necessary to fight against precariousness, and provide a safety net to those who provide services outside the General Regime and guarantee the provisions of the Spanish Constitution (art. 41). Regarding with these, two types can be imposed of main obligations: on the one hand, to try to expand the field of application of the Social Security system towards the “gray zones”, at the risk of becoming an umbrella that increasingly protects fewer people; on the other, reconfiguring the application of the autonomous workers regime on their own terms, without forgetting to pay attention when setting the quotas to the real volume of income obtained, or the possibility of regulating work under a self-organization part time autonomous work with effective control mechanisms.
