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Santiago González Ortega 
El artículo tiene como objetivo analizar, precisar y definir los criterios que, a efectos de la adscripción en la Seguridad Social, han de ser utilizados, por imperativo de la ley, para identificar, dentro del colectivo de los trabajadores autónomos, a los calificados comúnmente como “autónomos societarios”. Es decir de los que realizan un trabajo habitual, personal y directo, por el que pueden querer ser considerados como trabajadores autónomos, para una sociedad de la que son socios. Con la consecuencia de que, aparentemente, la existencia de la sociedad, en cuanto sujeto jurídico diferente del propio trabajador, parece justificar la naturaleza subordinada del trabajo que se presta; aunque sea esa misma condición de socio la que, al margen del tipo de trabajo de que se trate, abre la puerta a una suerte de identificación entre trabajador y empresa que, por el contrario, empujaría al trabajador hacia el ámbito del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia.
Para ello, el trabajo contiene, en primer lugar, una reflexión general acerca de la heterogeneidad general del colectivo de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, destacando entre ellos los que son objeto del trabajo como son los trabajadores autónomos que realizan el trabajo, que les da derecho a ser incluido en la Seguridad Social, para la misma sociedad de la que son titulares, sea del total o, más frecuentemente, de una parte de su capital social.
Una situación en la que la titularidad confirma la condición de autónomo y el trabajo para la sociedad arrastra al trabajador hacia el Régimen General de la Seguridad Social.
Pero la búsqueda y el establecimiento de los criterios decisivos no puede ignorar la propia variedad de trabajadores autónomos societarios, lo que ha obligado, de forma previa a establecer el concepto de autónomo societario, fijar sus rasgos mínimos y diferenciar entre sus diversos tipos, en la medida en que los criterios que se apliquen lo serán de forma diversa según el tipo de autónomo societario de que se trate. De aquí la diferenciación inicial entre socios de sociedades personalistas, en las que es justamente el trabajo personal el que es el fundamento de la condición de socio, y socios de sociedades de capital, donde, al menos inicialmente, es la titularidad del capital social la que caracteriza singularmente el trabajador. A su vez, se ha hecho la distinción dentro de cada grupo según ahora el tipo de sociedad y el grado de participación del autónomo en el capital social.
Por esta razón, el primer criterio que se aplica es el de la titularidad del capital social que, siendo mayoritaria, ya atribuye al trabajador que trabaja para su sociedad la condición de autónomo basada en el trabajo desempeñado que, en correspondencia con el control social que ostenta, suele ser la realización de funciones directivas; aunque no siempre. En todo caso, se suscita la cuestión, que el trabajo aborda igualmente, de los diversos modos de tener la titularidad social o, al menos, de representarla: algo particularmente relevante en los casos de autónomos societarios a los que el control mayoritario de la sociedad les viene dado por la agrupación de participación que pertenecen a miembros de la misma familia. El caso de los llamados autónomos societarios familiares.
Pero, para la ley, no basta el criterio de la participación social mayoritaria, como quiera que se llegue a ésta, sino que debe combinarse, particularmente en los casos en que el trabajador tiene una participación social de cierta relevancia, aunque no mayoritaria, con otro como es el ejercicio de funciones directivas.
De manera que el trabajador deviene autónomo en la medida en que, a una mínima titularidad que lo coloca al menos en los aledaños del control societario, une la particular condición de que el trabajo que realiza para la sociedad es expresivo de facultades de gerencia y de dirección.
Una combinación, pues, de referencias que han de manejarse con precisión para poder dictaminar con rigor si se está o no en presencia de un trabajador autónomo. Por lo que el análisis detallado de qué debe entenderse por funciones directivas constituye, por tanto, otro de los objetivos del trabajo. De lo que se desprenderá que quienes, prestando servicio para la sociedad en la que trabajan, no son socialmente mayoritarios y, no siéndolo, carecen del control social, se regularán por normas laborales, civiles o mercantiles que, o bien los expulsa de la Seguridad Social, o bien los reconducen al Régimen General.
El presente artículo tiene, en consecuencia, la intención de, partiendo de una diferenciación de los trabajadores autónomos societarios dentro del amplísimo grupo de los trabajadores por cuenta ajena y, dentro de éstos, de sus diversos tipos, precisar todos los conceptos fundamentales para determinar si un trabajador que es socio debe ser, por la titularidad social y por la naturaleza de su trabajo en la sociedad, considerado, a efectos de la adscripción en la Seguridad Social, como trabajador por cuenta propia. Por lo que el artículo pretende ser útil en lo que se refiere a la valoración que ha de hacerse, a efectos de calificación, de la titularidad del capital así como de qué rasgos y circunstancias permiten afirmar que las funciones que realiza el trabajador son de tipo directivo o gerencial.
Para la realización de este trabajo se ha acudido al método jurídico tradicional como es el análisis del material normativo con el fin de precisar su finalidad, contenido y propósitos, procurando fijar, con el mayor grado de seguridad jurídica, lo que el legislador ha tenido la voluntad de establecer. Un análisis en el que se ha recurrido al apoyo de las resoluciones judiciales así como de las opiniones doctrinales vertidas en relación con el tema. Y que tiene una relevante virtualidad práctica y aplicativa ya que incide en la gestión diaria de los procesos de adscripción de los trabajadores sea al Régimen General sea al Especial de Trabajadores por Cuenta Propia. Con las consecuencias que se derivan de dicha adscripción tanto en términos de mecanismos de encuadramiento, reglas de cotización o, incluso, respecto de las prestaciones que tales trabajadores pueden obtener del Sistema de Seguridad Social.
The article aims to analyze, specify and define the criteria that, for purposes of social security affiliation, must be used, by imperative of the law, to identify, within the collective of autonomous workers, those commonly qualified as “Corporate self-employed”. In other words, of those who perform a regular, personal and direct job, for which they may want to be considered as self-employed, for a society of which they are partners. With the consequence that, apparently, the existence of society, as a legal subject different from the worker himself, seems justify the subordinate nature of the work provided; although it is that same condition of partner that, regardless of the type of work in question, opens the door to a kind of identification between worker and company that, on the contrary, would push the worker towards the scope of the Special Social Security System of Self-Employed Workers.
To this end, the work contains, in the first place, a global reflection on the general heterogeneity of the collective of self-employed workers, highlighting among them those who are the object of this work such as the autonomous workers who perform the work, that they gives the right to be included in the Social Security, for the same company of which they are holders, either of the total or, more frequently, of a part of their social capital.
But the search and the establishment of the decisive criteria cannot ignore the own variety of self-employed corporate workers, which has forced, to establishing the concept of self-employed corporate, setting its minimum features and differentiating between its various types, in the extent to which the criteria that are applied will be different according to the type of corporate self-employed in question. So, the initial differentiation between members of personalist societies, in which it is precisely personal work that is the basis of the status of partner, and partners of capital companies, where, initially, it is the ownership of the capital stock. which uniquely characterizes the worker. In turn, the distinction has been made within each group according to the type of, set their minimum features and differentiate between their various types, to the extent that the criteria that are applied will be diverse according to the type of corporate self-employed in question and the degree of participation of the self-employed person in the share capital.
For this reason, the first approach that is applied is that of the ownership of the share capital that, being a majority, already attributes to the worker who works for his society the status of self-employed person based on the work performed which, in correspondence with the social control that It is usually the performance of managerial functions; though not always. In any case, the question arises, which the work also addresses, of the different ways of having social ownership or, at least, of representing it: something particularly relevant in the cases of corporate self-employed to whom the majority control of the company they are given by the group of participation that belong to members of the same family. The case of the so-called corporate self-employed family members.
But, for the law, the approach of majority social participation is not enough, however it may be reached, but must be combined, particularly in cases where the worker has a social participation of a certain relevance, although not majority, with another as is the exercise of managerial functions. So that the worker becomes self-employed to the extent that, to a minimum ownership that places him at least in the vicinity of the corporate control, he joins the particular condition that the work he performs for the company is expressive of management faculties.
A combination, then, of references that have to be handled with precision to be able to judge with rigor if it is or not in the presence of a self-employed worker.
Therefore, the detailed analysis of what should be understood by managerial functions constitutes, another of the objectives of the work. It will be apparent that those who, serving for the society in which they work, are not socially majority and, if not, lack social control will be regulated by labor, civil or commercial standards that, or else expel them from Social Security, or redirect them to the General Social Security System.
The present article has, therefore, the intention of, starting from a differentiation of the corporate self-employed workers within the broad group of employed persons and, within these, of their various types, to specify all the fundamental concepts to determine if a worker who is a member must be, for the social ownership and the nature of his work in the company, considered, for the purposes of membership in Social Security, as a self-employed worker. For what the article tries to be useful in what refers to the valuation that has to be done, for purposes of qualification, of the ownership of the capital as well as of what features and circumstances allow to affirm that the functions that the worker performs are of type managerial.
For the realization of this work, the traditional legal method has been used, such as the analysis of the guidance material, in order to specify its purpose and content, trying to fix, with the highest degree of legal certainty, what the legislator has had the willingness to establish. An analysis in which the support of judicial decisions as well as the doctrinal opinions expressed in relation to the subject has been used. And that it has a relevant practical and application virtuality since it affects the daily management of the processes of affiliation of workers either to the General Social Security System or to the Special of Self-Employed Workers. With the consequences that derive from said ascription both in terms of framing mechanisms, contribution rules or, even, regarding the benefits that such workers can obtain from the Social Security System.
