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Jesús Cruz Villalón 
El Régimen Especial de Seguridad Social de los trabajadores autónomos, aparte de haberse incorporado más tardíamente al Sistema público de protección social, desde su inicio ha presentado diferencias de especialidad muy notables respecto del Régimen General. Se trata de diferencias muy enraizadas históricamente;
que incluso, a pesar de las fuertes tendencias expansivas de la acción protectora en el régimen de autónomos, todavía perviven en la actualidad a resultas de una concepción del Régimen especial más en clave de aseguramiento privado que de Sistema de aseguramiento público. Los principios propios de Sistema público constitucional (los principios de universalidad, solidaridad, obligatoriedad y atención sobre la base de situaciones de estado de necesidad) no acaban de calar con la debida profundidad en el Régimen de autónomos, especialmente en la mentalidad de sus beneficiarios.
Este punto de partida es el que permite explicar las notables diferencias comparativas que tradicionalmente han existido entre ambos Regímenes de Seguridad Social, que, hoy en día, no se percibe tanto en el dato cualitativo del tipo de prestaciones incluidas dentro de su acción protectora, como en el dato cuantitativo de las inferiores cotizaciones sociales que derivan en una importante brecha diferencial en las pensiones medias de uno y otro Régimen, así como en el más intenso desequilibrio financiero de uno y otro Régimen.
A mayor abundamiento se presenta una enorme diversidad y disparidad de situaciones entre los beneficiarios del Régimen de autónomos, al extremo que casi se podría afirmar que engloba a un grupo heterogéneo, solo definido negativamente por el hecho de no ser trabajadores subordinados. Baste tener presente que dentro de ellos se integran desde empleadores con una alta capacidad económica y sin apenas escenarios de estados de necesidad relevantes que les obliguen a precisar de la protección del Sistema público hasta trabajadores sin apenas patrimonio que lo sustenten, con ingresos económicos muy reducidos por su actividad y escenarios de enorme irregularidad e inestabilidad de sus negocios. Desde autónomos económicamente no necesitados de protección a autónomos en situaciones de marcada precariedad profesional, mucho más acentuada que para cualquier trabajador subordinado homologable.
Todo lo anterior contrasta con las premisas sobre la que se construye el modelo constitucional de protección social y, en particular, de los imperativos constitucionales por lo que se refiere al Sistema público de Seguridad Social. La universalidad, la atención a situaciones de verdaderos estados de necesidad, la prohibición de tratamientos discriminatorios, así como el sostenimiento del gasto público conforme a la capacidad económica de cada uno se convierten en referentes obligados a la hora de proyectar el devenir futuro del Régimen especial de trabajadores autónomos.
El estudio avanza en un diagnóstico de la situación actual de los trabajadores autónomos en nuestro mercado de trabajo y de su impacto sobre la realidad del Régimen especial de autónomos. Así se destaca la estabilidad en el peso del Régimen de autónomos, especialmente en porcentaje global respecto del conjunto del Sistema, de donde parece desmentirse que se aprecie una tendencia hacia el crecimiento del empleo autónomo en el marco de la irrupción de la digitalización. Se recuerda el dato bien conocido de la cuantía media inferior de las pensiones de los autónomos, que siempre se sitúa por debajo del 60 % de la correspondiente a los trabajadores asalariados; así como, el dato menos cono- cido de la muy superior aportación del Estado a financiar los complementos a mínimos respecto de los autónomos comparativamente con el régimen general.
A la luz de todo lo anterior, se desemboca en concretas medidas que a juicio del autor se podrían adoptar con vistas a corregir el modelo desigual tradicional entre ambos Regímenes de Seguridad Social, orientándose hacia una convergencia tanto de ingresos como de intensidad en lo cuantitativo de la acción protectora.
En primer lugar, en el marco del mandato constitucional de asunción de la financiación de los costes públicos por todos los ciudadanos conforme a la capacidad económica de cada uno (art. 31.1 CE), se defiende el establecimiento de un modelo de cotización a la Seguridad Social por parte del autónomo en atención a sus ingresos reales, defendiendo que ello debe universalizarse para todos y que técnicamente hoy en día es perfectamente viable.
En segundo lugar, se entiende que debe procederse a adoptar medidas específicas en relación con los trabajadores autónomos económicamente dependientes:
de un lado, propiciando que la realidad jurídica de los considerados como tales se corresponda con la realidad sociológica, muy reducidos los contratos registrados respecto de los que podrían serlo; de otro lado, teniendo presente el impacto en las tendencias hacia la huida del trabajo subordinado por el diferencial de costes, sobre la base de atribuir también a la empresa cliente parte del coste de las cotizaciones sociales.
En tercer lugar, se apuesta por la reconsideración de la ineficiencia de los sistemas de tarifas planas y otros mecanismos de reducción de las cotizaciones sociales bajo una pretendida finalidad de fomento del autoempleo, que realmente presenta un intenso peso muerto, de modo que sólo se favorece la aparición de formas de empleo autónomo de elevadísima precariedad, que son formas de empleo ficticias sin capacidad de continuidad en el tiempo.
En cuarto lugar, se considera oportuno desarrollar una efectiva actuación sobre las distorsiones provocadas en la aplicación del Régimen especial de autónomos a las cooperativas, eliminado situaciones de posible competencia desleal con la empresa capitalista por la vía de la reducción de las cotizaciones sociales por la opción injustificada a la integración en el Régimen de autónomos quien debería estarlo en el general, por la vía de atajar las fórmulas fraudulentas de cooperativas que esconden simples mecanismos de cesión de trabajadores, al tiempo que se regulen las cooperativas de facturación permitiendo lo que de positivo tienen sin convertirlas en mecanismos de elusión de las obligaciones de cotización a la Seguridad Social.
Finalmente, se apunta la necesidad de introducir mecanismos efectivos de control del cumplimiento de las obligaciones de cotización a la Seguridad Social en los escenarios de las nuevas formas de empleo, especialmente por lo que se refiere a la extensión de los microempleos dentro de la economía de plataformas digitales. Se apunta cómo la digitalización de los procesos de gestión y de control de la Seguridad Social pueden hacerse más efectivos a la luz de la trazabilidad que dejan los trabajos en la red y su detección por vía informática
The Special Social Security Scheme for self-employed workers, apart from having been included later into the Public System of Social Protection, has presented remarkable differences with respect to the General Scheme since its beginning.
These are historically deeply rooted differences; in spite of the strong tendencies to extend the protective action for self-employed workers, they still survive today because the Special Scheme is defined more in terms of private insurance than of the Public Security System. The very principles of the Constitutional Public System (the principles of universality, solidarity, obligation and care based on situations of necessity) do not have a profound effect on the Special Scheme for Self-Employed Workers, especially on the mentality of its beneficiaries.
This starting point is the one that allows to explain the remarkable comparative differences that have traditionally existed between both Social Security Schemes, which, today, are not perceived as much in the qualitative data of the type of benefits included in their protective action, as in the quantitative data of the lower social contributions resulting in a significant differential gap in the average pensions of both schemes, as well as in the most intense financial imbalance of each system.
Moreover, there is an enormous diversity and disparity of situations among beneficiaries of the Self-Employed Scheme, to the point that one could almost say that it encompasses a heterogeneous group, only negatively defined by the fact that they are not subordinate workers. We should keep in mind that among them we can find employers with a high economic capacity and hardly any scenarios of relevant states of necessity that force them to require the protection of the Public System and workers with hardly anay assets to support it, with very low income due to their activity and scenarios of enormous irregularity and instability of their businesses. From self-employed workers, who do not need financial protection, to workers in situations of marked professional precariousness, much more pronounced than for any subordinate homologous worker.
All of the above contrasts with the premise on which the constitutional model of social protection is built and, in particular, of the constitutional imperatives with regard to the Public Social Security System. Universality, attention to situations of genuine necessity, the prohibition of discriminatory treatments, as well as the maintenance of public expenditure according to the economic capacity of each one, become obligatory references when planning the future of the Special Scheme for Special Scheme for Self-Employed Workers.
The study continues with a diagnosis of the current situation of self-employed workers in our labour market and its impact on the reality of the Special Scheme for Self-Employed Workers. This highlights the stability in the weight of the Special Scheme for Self-Employed Workers, especially as a whole as compared to the whole System, where it could be denied that there is a tendency towards the growth of self-employment in the framework of the emergence of digitalization. It recalls the well-known figure of the lower average amount of pensions for self-employed workers, which is always below 60 % of that corresponding to employed workers; as well as the less known data of the much higher contribution of the State to finance the minimum supplements with respect to self-employed workers compared to the General Scheme.
In the light of all of the above, it leads to concrete measures that, in the author's opinion, could be adopted in order to correct the traditional unequal model between both Social Security Schemes, with a view to achieving a convergence of both income and intensity in quantitative terms of the protective action.
First, within the framework of the constitutional mandate of assuming the financing of public costs by all citizens according to the economic capacity of each one (Art. 31.1 Spanish Constitution), the establishment of a Social Security contribution model by the self-employed worker in response to their real income is advocated, arguing that this must be universalized for everything and that it is technically feasible nowadays.
Secondly, it is understood that specific measures must be taken in relation to economically dependent self-employed workers: on the one hand, encouraging that the legal reality of those considered as such corresponds to the sociological reality, being the registered contracts greatly reduced with respect to those that could be signed; on the other hand, bearing in mind the impact on trends towards the rejection of subordinate work due to the cost differential, on the basis of also allocating part of the cost of social contributions to the client company.
Thirdly, there is a commitment to reconsider the inefficiency of flat rate systems and other mechanisms to reduce social contributions under a purported objective of promoting self-employment, which is truly dead weight, so that it only favours the emergence of forms of precarious self-employment, which are fictitious forms of employment without the capacity to continue over time.
Fourthly, it is considered appropriate to develop an effective action on the distortions caused by the application of the Special Scheme for Self-Employed Workers to cooperatives, eliminating situations of possible unfair competition with the capitalist company through the reduction of social contributions for the unjustified option to the integration in the Special Scheme for Self-Employed Workers, who should be in the General Scheme, by stopping the fraudulent formulas of cooperatives that hide simple mechanisms of transfer of workers, while regulating billing cooperatives allowing what they have as positive without turning them into mechanisms to avoid the obligatory Social Security contributions.
Finally, we highlight the need to introduce effective mechanisms to monitor compliance with obligatory Social Security contributions in the context of new forms of employment, especially in relation to the extension of microjobs within the digital platform economy. We also point out how the digitalization of management and control processes of Social Security can be made more effective in light of the traceability of the jobs on the network and their detection by computer means
