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Pastora Melgar Manzanilla
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de contribuir para los gastos públicos. Sin embargo, en ocasiones este mandato constitucional es soslayado, entre otros, a través de la compra y venta de facturas. A lo largo de los años el Estado Mexicano ha tomado diferentes acciones para contrarrestar este tipo de evasión. Una de las medidas punitivas más recientes es la que se contempla en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de noviembre de 2019, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de cinco ordenamientos legales. El resultado es la tipificación del delito de expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, falsas o acciones jurídicas simuladas, además de su configuración, bajo ciertas circunstancias, como delincuencia organizada o amenaza a la seguridad nacional.
