La pandemia mundial provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha implicado un aumento exponencial de la influencia del poder público en la vida de los ciudadanos. La legislación excepcional ha establecido un nuevo perímetro sobre el discurrir social que, sin embargo, ha comportado también importantes modificaciones para la normalidad previa y posterior a la situación de emergencia. ¿Qué influencias tendrá el Covid-19 en materia de contratación pública? ¿Qué reformas deben priorizarse? ¿Qué asuntos centrarán la agenda jurisdiccional posterior al coronavirus?