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Considerando más necesario que nunca poner en valor y resaltar la importancia de la separación de poderes, como pilar fundamental de nuestro estado social y democrático de derecho, analiza la autora la situación política actual llegando a la conclusión de la necesidad de devolver a las instituciones la importancia y el valor que merecen. Para ello se plantea el debate sobre la conveniencia de exigir a aquellos que desempeñen trabajos como el de Diputado de las Cortes Generales o Senador, una mínima formación/educación o experiencia laboral, como ocurre en cualquier otro empleo público.
