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La feroz pandemia del siglo XXI ha dado lugar a respuestas diferentes de los Estados para hacer frente a sus efectos, ante la insuficiencia de los medios ordinarios de gestión de la crisis. Los gobiernos han asumido poderes extraordinarios, justificados ante la excepcionalidad de la situación, y se han puesto en crisis principios estructurales del Estado Constitucional como el regular funcionamiento de las instituciones o la intensa afectación de derechos fundamentales. Desde una concepción principal del Derecho, se exponen los principios que deben orientar la acción de los Estados en modo conforme con el aseguramiento de la primacía del Derecho y de los valores democráticos.
