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La implantación de los establecimientos específicos de juego y apuestas de carácter presencial y su posible repercusión social se están convirtiendo en importantes temas de conflicto, ampliamente recogidos por los medios de comunicación general. Precisamente, a resultas de este debate social, también se están alcanzando acuerdos en numerosos ayuntamientos —algunos de carácter dogmático, como propuestas y mociones reclamando mayor severidad regulatoria a las administraciones autonómicas, pero en otros casos de auténtico contenido jurídico—, sobre todo en municipios intermedios y grandes —y también de alguna diputación provincial—, en los que se aborda la necesidad de limitar los establecimientos específicos de juego presenciales, utilizando para ello bien directamente la aprobación de ordenan zas específicas reguladoras de los establecimientos de juego o bien indirectamente acordando la subsiguiente aprobación o modificación de los correspondientes instrumentos de planeamiento urbanístico, acuerdos locales a los que no es ajena la Comunidad de Castilla y León. Resulta de interés hacer un análisis jurídico y jurisprudencial de las competencias autonómicas y, en su caso, de las locales, sobre la materia de juegos y apuestas, y si es posible ejercer esa potestad normativa local para intentar imponer limitaciones y restricciones a esos establecimientos presenciales.
The implementation of specific gambling establishments and their possible social impact is becoming an important issue of conflict, widely collected by the general media. Precisely, in the wake of this social debate, agreements are also being reached in numerous municipalities —some of a dogmatic nature, such as proposals and motions demanding greater regulatory severity from the autonomous administrations, but in other cases of authentic legal content—, especially in intermediate and large municipalities —and also of some provincial government—, in which the need to limit the specific in-person gaming establishments is addressed, using the approval of specific ordinances regulating gambling establishments or indirectly agreeing on the subsequent approval or modification of the corresponding urban planning instruments, local agreements to which Castilla y León is no stranger. It is of interest to make a legal and jurisprudential analysis of the regional and, where appropriate, municipal competences, on the subject of games and bets, and if it is possible to exercise that local regulatory power to try to impose limitations and restrictions on these gambling establishments
