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Miguel Carbonell Sánchez 
La expedición de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LD, en lo que sigue), aunque a primera vista no tenga demasiada trascendencia, está llamada a ser, en el mediano y largo plazos, uno de los hechos más relevantes del proceso de democratización de México. La razón fundamental de su importancia radica en el hecho de que se trata de un instrumento jurídico de primer nivel para lograr una “democracia de contenidos”, es decir, una democracia que no se quede en las puras formas electorales, sino que genere sentidos de convivencia apropiados para una sociedad en la que todos sus habitantes se consideren y sean tratados como iguales.No hace falta volver a citar a Von Humbolt para recordar la arraigada persistencia de la desigualdad dentro del conjunto de la sociedad mexicana. Solamente desde una visión estrechamente jurídica o políticamente cínica se puede decir que en el pasado e incluso hoy en día todos los habitantes de México somos iguales en nuestros derechos fundamentales.Basta con mirar la realidad para darnos cuenta de que esaigualdad no pasa, en la práctica, de las declamaciones retóricas que con tanta frecuencia se han utilizado para explicar el funcionamiento distorsionado, injusto e inaceptable de nuestra sociedad y de nuestro precario desarrollo constitucional.El empeño de la LD es justamente revertir los siglos de desigualdad y trato discriminatorio que han caracterizado nuestra convivencia.Aunque el instrumento jurídico creado para alcanzar tal objetivo es bastante original, la búsqueda de una sociedad menos desigualitaria por medio del derecho no es, desde luego, nueva. Hace ya dos siglos que las sociedades que en ese entonces se consideraban más “civilizadas” de Occidente crearon una forma de Estado que tenía —y sigue teniendo— como uno de sus objetivos más importantes revertir las desigualdades de los siglos precedentes: el Estado constitucional.
